Editorial de Nuestra Propuesta del jueves 4 de septiembre de 2008.

Las presiones al gobierno de Fernández de Kirchner por parte de la Mesa de Enlace agraria, de los industriales mediante la Unión Industrial, las reiteradas visitas y el interés específico explicitado por Thomas Shannon en cuanto al pago al Club de Paris, han culminado con éxito, la Presidenta ha decidido pagar la deuda mal habida a los acreedores internacionales. Y la euforia de los sectores industriales, sobre todo se expresa en calurosas felicitaciones a la mandataria por haber oblado 6.700 millones de dólares.

Entre tanto los grandes problemas pendientes para con los creadores de la riqueza en nuestro país, la depreciación salarial, las jubilaciones móviles, el trabajo en negro son hoy una realidad insoslayable. Y son los que explican claramente la necesidad de una justa distribución de la riqueza.

A las verdaderas causas de la pobreza habría que buscarlas en el patrón distributivo, una estructura muy regresiva y concentrada y un mercado de trabajo con el cuarenta por ciento de los trabajadores en condiciones informales o ilegales, que remunera con salarios por debajo de la línea de pobreza al treinta por ciento de los trabajadores privados. La inflación explica una parte de esta situación, la otra es la estructura salarial, la estructura del mercado de trabajo y la estructura del patrón distributivo

Representantes del gobierno, de las empresas y de los sindicatos acordaron que a partir de agosto el nuevo valor mínimo para el salario será de 1.200 pesos y para diciembre llegará a 1.240. La subida del salario mínimo busca compensar a los trabajadores que sufren la inflación, que según las cifras oficiales es menor al diez por ciento, pero de acuerdo con analistas es más del doble de esa cifra.

El interés de incrementar la recaudación fiscal cuya principal fuente está dada por el IVA, que viene fundamentalmente del bolsillo de los trabajadores, porque es el impuesto al consumo concentrado en los bienes esenciales, no pretende prioritariamente distribuir sino que mediante del superávit fiscal (parte del cual está destinado al pago de la deuda externa) el gobierno redistribuye hacia los sectores industriales cuya rentabilidad extraordinaria está en el corazón del plan gubernamental.

Durante los últimos cinco años de crecimiento excepcional de la economía argentina, el salario de los trabajadores, aun cuando hubo aumentos en dinero, no había podido recuperarse en términos de su poder de compra. Recién en 2007, en promedio los salarios se acercaron a los niveles reales de 2001.

Esta situación no hace otra cosa que demostrar la necesidad de que los trabajadores coordinemos nuestros reclamos reivindicativos, algo sobre lo que habló con elocuencia la lucha docente desarrollada durante las últimas semanas. Se trata de un camino que tiene claves, como las paritarias, la participación articulada y activa en el Consejo del Salario y el reconocimiento de la CTA. Pero también la demanda para que la Ley de Jubilaciones reconozca el derecho al 82 por ciento móvil para todos los trabajadores jubilados, cosa que no figura en el proyecto en debate en el Parlamento.

Los industriales no pudieron ocultar su algarabía ante el anuncio presidencial del martes, reconocen que esto facilita la inversión en el sector, por lo que se hace preciso que los trabajadores y en particular la CTA se pongan al frente de una lucha que exija que en esa agenda figure la generación de trabajo de calidad y que favorezca la revitalización del mercado interno.

Naturalmente, la experiencia nos ha enseñado que no basta con la lucha reivindicativa, los trabajadores y los sectores populares en su conjunto hemos de aspirar a que la distribución justa de la riqueza y la gestión del Estado sean protagonizadas por nosotros mismos.